El Gobierno ha aprobado un nuevo real decreto ley (RDLey 3/2021, de 2 de febrero) que abre de nuevo la posibilidad de solicitar moratorias en préstamos bancarios para paliar los efectos de la crisis del Covid-19. ¿Quiénes pueden beneficiarse de esta moratoria? Los particulares y los trabajadores autónomos vulnerables, y empresas de los sectores turístico y de transportes pueden pedir aplazamientos de hasta un total de nueve meses para el pago, tanto del principal como de los intereses, de sus préstamos hipotecarios y de consumo. En el caso de la moratoria hipotecaria se puede solicitar en los siguientes casos: Cuota hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual. Cuota hipotecaria por el local donde se desarrolla el negocio. Cuota hipotecaria para la adquisición de viviendas destinadas al alquiler y que hayan dejado de percibir la renta del inquilino. Asimismo, podrán solicitar estas moratorias quienes no hayan solicitado previamente moratoria o suspensión, o quienes sí hayan disfrutado de moratoria os suspensión […]
La clasificación de los empleados públicos es, sin duda alguna, la otra cara de la moneda referida a su derecho a la progresión profesional, y en el caso particular de los funcionarios públicos la cuestión concerniente a la clasificación profesional viene recogida en puridad en el art. 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015 que aprueba el Estatuto del Empleado Público-EBEP- (cuya Ley de creación data del año 2007), si bien sobre esta cuestión inciden de manera directa toda una multitud de normas, leyes y reglamentos lo que la convierte en una cuestión de extraordinaria complejidad de la que habitualmente saca injusto provecho la propia Administración empleadora. De esa manera y por tratar de simplificar esta controversia, el aludido art. 76 del EBEP dispone que el funcionario será clasificado de acuerdo con la titulación que le resulte exigible al acceder a la función pública. Pero el problema al que se están enfrentando actualmente los empleados públicos es que en las Administraciones[…..]
En estos momentos de crisis que estamos atravesando muchos de los autónomos están sufriendo una disminución sustancial de sus ingresos que les llevan a no poder atender los compromisos de pago a proveedores, entidades financieras y organismos públicos (generalmente Hacienda y la Seguridad Social). Muchos de estos autónomos tienen ya información sobre la posibilidad de acudir a un expediente de Acuerdo Extrajudicial de Pagos, que le permite suspender el devengo de intereses y la paralización de ejecuciones mientras se negocia con los acreedores. Y también muchos conocen que en caso de no llegar a un acuerdo con los acreedores en el plazo máximo de tres meses podré conseguir el perdón de las deudas solicitando el concurso de acreedores en el juzgado, cumpliendo una serie de requisitos legales que me califiquen de deudor de buena fe. Pero lo que muchos autónomos no conocen, o tienen dudas, es que por medio del concurso de acreedores posterior a la solicitud de acuerdo extrajudicial[…..]
La cuestión podemos enmarcarla en el actual y vigente art. 60 de la Ley General de Seguridad Social (texto refundido aprobado por RDL 8/2015 de 30 de octubre), admitiendo dos variantes o derivadas. La primera es la relativas al apartado 1 del indicado artículo 60 que señala que se reconocerá un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad Social, a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. La norma especifica que dicho complemento tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública contributiva, incrementando la cuantía reconocida al jubilado en su resolución de la pensión en un 5% si tuviere 2 hijos, en un 10% si tuviere 3 hijos, y en un 15 % si tuviere hasta 4 o más hijos. Si bien el texto legal hace referencia exclusivamente a que sólo las[…..]