En la actualidad, más del 80% del valor de una empresa se mide por los llamados activos intangibles: la credibilidad y confianza de los clientes, la reputación de la marca, el equipo, la responsabilidad social, etc.
Si trabajo para que mi proyecto sea sostenible y rentable a largo plazo debo tener presente que mi modelo de gestión tiene que fundamentarse en el cumplimiento normativo preventivo. Este modelo se basa en el análisis de los riesgos que tiene la empresa de no cumplir con normas legales y normas internas, en la valoración de estos riesgos, en la implementación de controles y procesos para intentar neutralizar los riesgos, en dar formación a toda la plantilla y equipo directivo para que adopten esta cultura, en revisar y monitorizar que este modelo de gestión se aplica, en facilitar un canal público para que todos los grupos de interés de la empresa puedan plantear quejas o denuncias.
En definitiva, consiste en actuar de forma preventiva y por convicción minimizando la probabilidad de que la empresa sufra daños a causa de incumplimientos de normas legales o normativa interna, en vez de actuar de forma defensiva o por imposición legal para evitar potenciales sanciones.
El 1 de marzo de 2019 se aprobó el Real Decreto-Ley 6/2019, para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación que modificó la Ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo). Este Real Decreto establece la obligación para las empresas con más de 50 trabajadores de negociar e implementar un plan de igualdad. Esta obligación se está imponiendo de forma progresiva siguiendo estos tres tramos:
- A partir del 7 de marzo de 2020 deben tenerlo todas las empresas con más de 150 empleados.
- A partir del 7 de marzo de 2021 deben tenerlo todas las empresas con más de 100 empleados.
- A partir del 7 de marzo de 2022 deben tenerlo todas las empresas con más de 50 empleados.
Las empresas que tienen integrado en su ADN un sistema de gestión que se fundamenta en la cultura del cumplimiento normativo preventivo, se adelantan a la competencia y están implementando los planes de igualdad como activo intangible que aporta valor sin esperar a que la ley les obligue a ello.
Estas empresas proactivas saben que un plan de igualdad efectivo, que se aplica y permanece vivo adaptándose al cambio de circunstancias, aumenta sensiblemente su credibilidad, reputación, la confianza de sus trabajadores en la empresa, en definitiva que aumenta de forma apreciable el valor de la empresa, su competitividad y sus probabilidades de permanencia a largo plazo.
La empresa que se ajusta estrictamente a lo que le impone la ley e implementa el plan de igualdad por obligación para evitar la imposición de las graves sanciones que prevé la normativa, comprobará a largo plazo que ha ido perdiendo competitividad, reputación, valor, credibilidad, oportunidades, y se arriesga a sufrir cuantiosas pérdidas económicas por adoptar medidas estéticas que dan una falsa sensación de seguridad.
Texto: Jorge Galíndez Arribas.